Frente de Defensa de nuestra Area Natural Protegida Loma de Sta Maria, Morelia (ahora BOCAM)

La Morelia de López Orduña

Eduardo Nava Hernández/Cambio de Michoacán

Sábado 24 de Marzo de 2007

Toda ciudad es, por definición, un espacio en el que coexisten los más diversos grupos y clases de la sociedad en una trama plural basada en delicados equilibrios entre todos ellos. Eso quiere decir que el ámbito urbano refleja necesariamente las diferencias sociales y las contradicciones entre dichos grupos, y que la construcción de un ambiente armónico entre ellas es una obra arquitectónica compleja. Lo que habitualmente llamamos comunidad, o incluso comuna, representa realmente un conglomerado de intereses, muchas veces encontrados, que requieren entre sí puntos de conciliación y consensos generales que hagan posible la convivencia. Toda gran urbe es, en suma, una síntesis de las diferencias de la sociedad a la que pertenece, y que no se reducen al aspecto económico sino se refieren también a lo político, cultural, ideológico, etcétera.

Un ejemplo reciente lo hemos tenido en Morelia con el conflicto de los transportistas que pretenden echar abajo los decretos para el pago de placas de los vehículos automotores y de la verificación obligatoria, así como incrementar la tarifa que cobran por sus servicios. Se puede discutir la justeza o no de tales cobros que el gobierno estatal ha dejado caer, inmisericordemente, sobre los propietarios de vehículos, sean o no del servicio público, y que se suman al tradicional pago de impuestos sobre tenencia y uso de los mismos; pero también resultan controvertidos los procedimientos utilizados para la protesta -la suspensión generalizada del servicio de transporte y, sobre todo, el bloqueo de calles y avenidas en las principales zonas de la ciudad-, que lejos de atraer la simpatía de la población han logrado que los habitantes de la ciudad vean en cada transportista a un enemigo de la sociedad y un auténtico peligro.

La tarea de un buen gobernante tiene que consistir, por tanto, en la canalización y armonización de tales diferencias que, de exacerbarse, pueden poner en riesgo la convivencia social y llevar al estado de naturaleza del que hablaba Thomas Hobbes: la guerra de todos contra todos. La acción del poder público al respecto no se limita a la garantía de la seguridad, como más comúnmente se piensa y lo plantea la doctrina liberal, sino que involucra también la búsqueda de consensos entre gobernantes y gobernados y entre los distintos órdenes sociales. Si alguna enseñanza dejaron los autores que, desde los siglos XVII y XVIII (Rousseau incluido) planteaban la idea de un pacto social como venero del poder legítimo, es la de que no se puede gobernar establemente sin la aceptación del poder y el acuerdo de los gobernados.

Pero esa virtud de concertación y conciliación de los heterogéneos intereses de la sociedad parece que no se le da muy bien al gobierno panista de Salvador López Orduña, para quien el oficio de gobernar consiste en atender a las necesidades de un solo sector, el empresarial, y con exclusión de casi cualquier otro que no coincida con éste. La estrecha visión del empresario lo ha llevado, por esa razón, a adoptar crecientemente un discurso autoritario que tiende a descalificar a la oposición y aun a la simple disidencia con respecto de su obtusa visión de la economía, de la política o la sociedad.

Son varios los conflictos que a lo largo de sus dos gestiones como presidente municipal ha tenido que enfrentar, por lo general como resultado de esa estrechez de miras. Recordemos, por mencionar sólo un caso, cómo veía en su primer gobierno municipal (1999-2002) el problema del comercio informal en el Centro Histórico de la ciudad, cuando ofreció -sin alcanzar resultados visibles- «barrer» con los llamados ambulantes, como si se tratara de objetos, incluso simples estorbos, y no de un grupo social con necesidades económicas particulares.

Más adelante, en su actual gestión, López Orduña ha puesto en práctica una política que claramente privilegia a las zonas de mayor desarrollo y capacidad económica (las Américas, Avenida Camelinas, etcétera), así como turísticas de Morelia, y a grupos de interés particulares, por sobre otros requerimientos, acaso prioritarios, de la población municipal. Un reportaje de Jessica Martínez (Cambio de Michoacán, 20 de marzo) ha permitido recordar los episodios más relevantes de esta gestión. El caso más sonado fue, entre 2005 y 2006, el del permiso para instalar una gasolinera en la Calzada Juárez, concedido a su amigo el empresario Manuel Nocetti en un lote rodeado de viviendas y frente a una escuela primaria y un jardín de niños. La obcecación del alcalde lo llevó a defender contra viento y marea el establecimiento de la estación de servicios, pese a la oposición organizada de los vecinos de la colonia Felícitas del Río, hasta que esta resistencia hizo más que evidente la inviabilidad del proyecto y el titular del Ayuntamiento y el empresario tuvieron que negociar una salida honrosa. Lo que esa costosa experiencia puso de manifiesto fue la preferencia por un proyecto de desarrollo municipal que colocara a la ganancia del capital por encima de las consideraciones de orden social y de la opinión de los habitantes de la ciudad.

Igualmente fue polémica la decisión de construir un puente en la Avenida Madero, al poniente de la ciudad, para que los vehículos automotores crucen por sobre la vía del tren, en vez de atender a la demanda de la sociedad de modificar la vía para que el convoy no pase por la zona urbana. Con deficiencias técnicas, el costoso puente no ha resuelto el problema de vialidad sino en uno de los varios cruceros que cotidianamente se ven afectados por las maniobras del tren.

El proyecto del señor López para la ciudad ha implicado, en el aspecto turístico, el modificar los espacios públicos, como la Plaza de Armas, la Plaza Morelos, el Jardín de las Rosas y la Plaza del Carmen, para despojarlos de su fisonomía colonial y adoptar un estilo de jardinería francesa ajeno a la historia de la ciudad. Y no ha cejado en el proyecto de construir un estacionamiento subterráneo de varios niveles en la Plaza Valladolid, que según Ramón Sánchez Reyna, investigador de la Universidad Michoacana, vendría a romper con la historia y el concepto arquitectónico del punto fundacional de la antigua Valladolid.

Ahora enfrenta la administración municipal otro problema mayúsculo con el costosísimo proyecto del llamado megatúnel, con el que la administración municipal y el gobierno estatal proyectan unir a la tenencia de Jesús del Monte con la parte sur de la ciudad, atravesando el área natural de la Loma de Santa María, protegida por decretos federales y estatales. La obra beneficiaría primordialmente al nuevo desarrollo residencial Rincón de la Montaña -que ya se publicita anunciando los «próximos accesos a Jesús del Monte»-, de la empresa inmobiliaria Jocmen, al centro comercial Paseo Morelia, en construcción, y al campus Morelia del Instituto Tecnológico de Monterrey, con una inversión pública que se aproxima a los 180 millones de pesos, lo que la convertiría en la obra pública más costosa del estado de Michoacán.

No importa al presidente municipal que el megatúnel se esté planificando en una zona de alto riesgo, atravesada por fallas geológicas, como lo ha mostrado el estudio elaborado por la ingeniero Patricia Alarcón Chaires para la Dirección de Protección Civil del gobierno del estado (Cambio de Michoacán, 15 de marzo), o que afecte una zona boscosa necesaria para la conservación de la fauna y la flora de Morelia. Como, de nueva cuenta, el proyecto ha de ser sacado contra viento y marea, y como de esa construcción podría depender la obtención de apoyos económicos para su campaña al gobierno del estado, el edil no escatima insultos y descalificaciones contra quienes se han pronunciado como opositores a la obra. Al reconocido ecologista Carlos Padilla Massieu lo despachó con una nada atenta invitación a largarse de Morelia, si ésta no le gusta. A los vecinos de la Loma de Santa María, que sostienen el plantón para frenar la construcción, los descalificó llamándolos «greñudos» y «pagados» para oponerse a su ansiado túnel. A los niños de la Escuela Primaria Rector Miguel Hidalgo los llamó «carne de cañón», por haber realizado manifestaciones de protección al bosque y externado su temor de que su plantel se vea afectado por las obras de construcción.

«Greñudos», dice el señor López, se les llama a quienes tienen el pelo largo. No creo que ese sea el distintivo de la pluralidad de ciudadanos que hoy por hoy se oponen a las obras del llamado megatúnel. Pero, de serlo, sus cabelleras bien podrían simbolizar una lucha por quitarle la máscara a un funcionario municipal autoritario e intolerante, que no ha hecho sino enarbolar el proyecto del gran capital para la capital michoacana, como una ciudad donde dominen los más ricos. Ese proyecto no pasará, y el aguerrido y rudísimo munícipe quedará finalmente desenmascarado por los técnicos ciudadanos que aún buscan defender a la ciudad como un espacio para todos. Se reciben apuestas.

anpmorelia @ 10:00

Meneame | del.icio.us