Frente de Defensa de nuestra Area Natural Protegida Loma de Sta Maria, Morelia (ahora BOCAM)

TAMARA SOSA

En breve reunión, Cárdenas Batel solicitó al alcalde buscar otras alternativas viales en la zona

La obra ya se licitó y podría haber consecuencias legales si se cancela, dice el edil

El alcalde Salvador López Orduña y el magistrado presidente del STJEM, Fernando Arreola Vega

De acuerdo con el presidente municipal de Morelia, Salvador López Orduña, el gobernador del estado, Lázaro Cárdenas Batel le pidió reconsiderar el proyecto de construcción de un túnel en la loma de Santa María, y pensar en otras alternativas para mejorar los problemas viales de la zona. En ese sentido, el edil pidió recordar que su administración ya llevó a cabo un proceso de licitación para la obra, por lo que debe pensarse en las consecuencias legales.

Desde su anuncio en diciembre del 2006, la construcción de una vialidad de cuatro carriles que atravesaría la loma de Santa María ha sido objeto de críticas por parte de vecinos que aseguran, se verían afectados con la obra, así como de organizaciones sociales y académicos que señalan a un proyecto “inseguro, discriminatorio y con afectaciones ambientales”. Así, hasta el momento, la administración municipal se ha mostrado ajena a la discusión, pues desde que los opositores a la obra se conformaron como Frente en Defensa de Nuestras Areas Naturales, se les ha señalado de “pagados” poniendo en tela de juicio los motivos por los que están en desacuerdo con la vialidad.

No fue sino en el mes de abril cuando los opositores empezaron a reunirse con el gobernador del estado para plantear –con el apoyo de investigadores de la UNAM y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo– los motivos por los que no debe construirse el túnel, por lo que el presidente municipal empezó a declarar que él también se reuniría con el mandatario estatal para discutir el proyecto.

De esa manera, ayer el alcalde informó que su anunciado encuentro con el gobernador del estado ocurrió el miércoles por la tarde, en lo que calificó de “una reunión muy rápida de pocos minutos” en la que hizo entrega de “una lista” de los trámites que la administración municipal realiza con distintas dependencias a fin de lograr la aprobación del proyecto.

Sin embargo, no fue la descripción de la reunión lo que llamó la atención, sino la petición que el mandatario estatal hizo al edil, pues según López Orduña, Cárdenas Batel solicitó “que se busquen otras alternativas” para mejorar el conflicto vial de la zona. Así, a pesar de que desde un principio se habló de una inversión de 142 millones de pesos por parte del gobierno estatal, con la petición del gobernador, la construcción de la obra se vería afectada hasta su cancelación, pues no se contempla la inversión privada más allá de 8 millones de pesos, mientras que la aportación municipal sería de 20 millones de pesos.

Entrevistado en la inauguración de la Primera Cumbre de Comunidades Migrantes Latinoamericanas, el alcalde de Morelia se mostró tranquilo al anunciar la petición del gobernador, la cual, aseguró, se debió a “una sugerencia de algunos grupos”.

Al preguntársele sobre su opinión en torno a la posibilidad de que el proyecto pudiera cancelarse, el edil recordó que su administración llevó a cabo un proceso de licitación –aun cuando no contaba con los requerimientos de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para hacerlo–. Así, afirmó, “yo le pido (al gobernador) que se quede vivo este primer proyecto que además ya fue licitado, ya fue concursado, ya hay una empresa ganadora, y ya se firmó un convenio”, aunque añadió, “yo no estoy cerrado… hay una total apertura, siempre lo he manifestado”. De esa manera, remarcó el compromiso legal que su administración tiene con la empresa constructora Gutsa, pues aseguró que las alternativas podrán darse “con que no rompamos con los acuerdos que tenemos”, pues en caso de que la obra se cancelara, el Ayuntamiento tendría que enfrentar las sanciones económicas que estén estipuladas en el convenio.

Así, a pesar de que para la administración de Morelia la obra era un hecho, el túnel y una vialidad de cuatro carriles que atravesaría la loma de Santa María, podría quedarse en proyecto.

Instan construir la Avenida de las Torres y el ramal San José del Cerrito, contemplados por el Ayuntamiento capitalino en el Plan Integral de Vialidad

Jessica Martínez Chio/Cambio de Michoacán

Sábado 28 de Abril de 2007

Después de que representantes del Frente en Defensa de Nuestras Áreas Naturales (FDNAN) hablaran en días pasados con el gobernador del estado, Lázaro Cárdenas Batel, para solicitarle la cancelación del proyecto del megatúnel que la administración municipal pretende llevar a cabo en el sur de la ciudad, los integrantes del frente no sólo se manifestaron contra la obra, también realizaron propuestas ante el gobernador, «para que no digan que sólo nos quejamos de lo que creemos es inviable, también proponemos cosas que consideramos mejores para la ciudadanía».

Entre las propuestas del FDNAN se encuentra en primer lugar la cancelación del proyecto Vialidad panorámica y túnel vial. A cambio de esto se propone construir la Avenida de las Torres y el ramal San José del Cerrito. Cabe señalar que estos últimos sí se encuentran contemplados por el Ayuntamiento capitalino en el Plan Integral de Vialidad para la zona sur de Morelia, pero como proyectos secundarios, todos a realizarse después del megatúnel. «No es posible que los tomen como secundarios cuando éstos realmente benefician a la sociedad, no tienen riesgos y no causan impacto ambiental a la ciudad».

También proponen la cancelación del ramal Simpanio Norte y proyectos del libramiento metropolitano y regional, debido a que éstos también afectarían el medio ambiente y no resultan viables.

En materia ambiental, el FDNAN propone crear un área natural protegida que incluya la cuenca del Río Chiquito y la Loma de Santa María «con el fin de tener un cinturón verde en el sur de la ciudad», así como elaborar e implementar un programa de manejo en el área natural y la creación de un fideicomiso para su recuperación y rehabilitación, «esto con la participación de los académicos y la sociedad en general».

Y dentro de su propuesta social incluyen el reasignar la inversión pública estatal destinada al proyecto del megtúnel para realizar obras viales de alto beneficio social en la Loma de Santa María, como la Avenida de las Torres y el ramal San José del Cerrito; invertir en proyectos sociales productivos que beneficien a los pobres urbanos y rurales de la zona sur de la ciudad; además aportar fondos para la creación del fideicomiso para la protección del área natural protegida.

Por otro lado, en materia cultural proponen rescatar el patrimonio arqueológico de la cultura Pirinda en la Loma de Santa María y promover un decreto para su protección.

Por otro lado, cabe señalar que, aparte de los decretos ya conocidos que protegen la zona, como lo son el federal emitido por Lázaro Cárdenas del Río en 1936 y el estatal emitido por Ausencio Chávez en 1993, ya llegó a las manos de los inconformes el decreto emitido por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, publicado en el Diario Oficial con fecha del 10 de diciembre de 1984, y cuya copia obra en manos de Cambio de Michoacán, en donde se manifiesta que «con el objetivo de preservar las áreas ecológicas y de vocación forestal, así como cuerpos de agua y zonas de recarga de acuíferos, que circundando a las áreas urbanas tienen como función principal mejorar el medio ambiente, es imperativo conservar y proteger las zonas naturales en beneficio de la calidad de vida de la población y preservar los ambientes representativos de los diferentes ecosistemas con el fin de asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, ecológicos y de regulación ambiental».

Por lo anterior, el Cabildo de Morelia aprobó el 3 de diciembre de 1984 el proyecto de declaratoria de preservación ecológica de esta área ecológica que incluye la zona por la cual pretenden construir la vialidad panorámica y el túnel.

Autora: Xuchitl Vázquez Pallares/Colaboración especial

Tal parece que Chavo López no sabe de historia, de cultura, de apreciar las piedras impregnadas de historia

El cambio de Michoacan (Domingo 15 de Abril de 2007)

El problema es la ignorancia, el desamor no sólo a las raíces sino a la tierra. Durante el tiempo que lleva la última administración municipal se han llevado a cabo
hechos realmente aberrantes. Se han cometido crímenes contra nuestra cultura en aras del «mejoramiento» y «embellecimiento» de Morelia.
El problema es qué concibe el señor Salvador López Orduña por mejoramiento y embellecimiento. Se han cometido crímenes atroces, ante nuestros ojos, se han derribado árboles centenarios, y con las remodelaciones se ha acabado con la esencia de la ciudad.
Es totalmente diferente restaurar que remodelar. El remodelar es cambiar totalmente lo anterior, es no respetar como estaban las cosas. Tal es el caso de la Calzada, la cual nuestros ancestros con conocimiento total de por qué y para qué la estaban haciendo, tallaron piedra por piedra con todo amor y cuidado, pegaron cada una de ellas con néctar de raíz de orquídea, ya que se trataba de un camino sagrado, que unía al humano con su divina madre. El «mejoramiento» quitó todo ese amor, todo ese misticismo, y néctares de flores para llenar de cemento que impide la natural filtración del agua a la tierra. Ahora las piedras que antaño llenaban de dignidad la Calzada, causan lástima al parecer sólo burdos pegotes.
El segundo crimen fue el «mejoramiento» de la antes bellísima Avenida Camelinas, con sus anchos camellones verdes y sus cientos de flores que invitaban no solamente al automovilista sino al peatón a sentirse privilegiado de vivir en esta ciudad. Ahora en medio del arroyo vehicular, hay camellones sin utilidad alguna que sólo hacen más difícil la circulación. La escultura conocida como «La Paloma» del gran maestro Alfredo Zalce, se oxida por falta de mantenimiento y junto a ella quitándole toda vista y dignidad se construye un adefesio de cemento.
Los otros crímenes cometidos ante los ojos de todos han sido contra las majestuosas plazas de Las Rosas, El Carmen, Valladolid, la Plaza Morelos, las cuales no necesitaban mejoramiento alguno, pues estaban bellísimas, con la belleza que les daban los siglos y sobre todo que les dieron todos aquellos que las disfrutaron, y vivieron.
Ahora no parecen plazas históricas, ni tienen vida, ni carácter. Parecen escenografías de parque de diversiones estadounidense, intentando reproducir una plaza colonial de Morelia. Lo que han creado es caricatura de lo que había, ahora son plazas muertas, sin vida, sin espíritu, sin dignidad ni historia. Paradójicamente fue por toda esta historia que el actual Ayuntamiento se empeña en quitar a plazas y calles, que en diciembre de 1991 Morelia fue declarada por la UNESCO, «Patrimonio Cultural de la Humanidad».
Tal parece que el Chavo López no sabe de historia, de cultura, de apreciar las piedras impregnadas de historia. Tal desprecio por la parte histórica labrada a mano y transportada a lomo de miles de indígenas es interpretable como un racismo histórico. Tal parece que sus ojos azules conllevan un filtro que impide ver el arcoiris, quita la transparencia y piensan que el mundo es como ellos lo ven.
Ahí está el problema, en no entender ni valorar al otro, ni al pasado ni al futuro. Es sumamente grave la ignorancia, la prepotencia y la altivez demostrada al efectuar estos crímenes contra nuestra historia y cultura.
El último crimen contra la humanidad que se intenta cometer en la gestión de López Orduña es el «megatúnel», el cual de realizarse destruirá la parte más valiosa, más despreciada y la más ignorada de nuestra riqueza cultural: nuestra raíz indígena.
Ocultos bajo la superficie de la montaña de Santa María se encuentran los vestigios de nuestras raíces, de nuestra historia, de nuestros ancestros, de los originales propietarios no sólo de Santa María, sino de este país.
El pasado indígena de la famosa Morelia ha sido sepultado, poco investigado, se han ocultado y sepultado bajo tierra y toneladas de cemento los vestigios arqueológicos de los pirindas en esta zona de la ciudad.
Existen testimonios de que toda esta área estaba catalogada como zona protegida. Se sabía de la existencia de un juego de pelota, el cual estaba ubicado entre las calles de Tabachines y Bugambilia de la colonia Nueva Jacaranda. Se sabe de la existencia de cuevas en las cuales según testimonios existían restos arqueológicos. Estas cuevas están ubicadas tras las casas números 160 a 140 de la calle Orquídea, y por supuesto no se puede pasar a constatar su existencia o su riqueza enterrada, ya que se han convertido en el traspatio de enormes residencias. Nos hicieron saber que fue desde hace 30 años, que empezó a lotificarse esta zona, sobre todo a partir de que un antiguo director del Instituto Michoacano de Vivienda se apropió de una enorme área.
En su momento, arqueólogos del INAH pararon las obras, pero debido a «acuerdos» entre esta institución y otras autoridades, las obras continuaron. Los vecinos recuerdan cómo los desesperados arqueólogos les comentaban lo que encontrarían al hacer los cimientos de sus viviendas, suplicándoles conservaran las piezas que aparecieran. En ese entonces, estaban casi a la vista, los restos del juego de pelota y de un acueducto prehispánico que partía desde lo que ahora es El Campestre, hasta donde está el Hotel Real Camelinas. Es evidente que actos de corrupción por parte del INAH y diversas instancias gubernamentales, de antes y de ahora, han sido parte fundamental para ocultar estos hechos y toda información sobre los pirindas.
Nos llevaron hasta el lote 107 de la calle Bugambilia, donde antes se podía ver gracias a la excavación que realizaron arqueólogos, parte de las gradas del juego de pelota, así como un pequeño basamento, ambos desaparecidos bajo toneladas de cascajo para ocultar todo vestigio, vender y dar carpetazo a la «supuesta» área protegida.
Se sabe que mientras más arriba se iba en la montaña, se encontraban más vestigios en número e importancia. Es debido a esto, que la zona ubicada al borde de la «bandera» se mantuvo como zona «ecológica» protegida. Y es toda esta riqueza, tanto cultural, histórica y ecológica la que será destruida cuando se lleve a cabo la construcción del megatúnel.
Los principales asentamientos de los pirindas, en lo que es hoy Morelia, estaban localizados en la parte alta: Santa María, Jesús del Monte, San José de la Montaña, San Miguel, El Durazno. Esto debido a la abundancia de manantiales de agua, cascadas, fauna y flora, entonces existentes gracias a la gran cantidad de árboles que conformaban la sierra que rodeaba al valle. También escogieron esta zona por su ubicación estratégica; la vista al valle y sus alrededores les aseguraba una excelente defensa en caso de ser atacados.
Es sobre toda esta zona, sobre la que ahora han puesto sus ojos, el presidente municipal y los grandes capitales para aumentar su enriquecimiento. Sin importarles, la historia, la riqueza natural, el bosque, los mantos freáticos y mucho menos les importan las comunidades ahí asentadas desde siglos atrás y verdaderos dueños de todo.
Su venta les generará ganancias multimillonarias, mientras para las comunidades no habrá nada, sólo suelos áridos y mayor escasez de agua. Los originales dueños de las tierras serán sólo sirvientes, jardineros, veladores, de las residencias de quienes todo les quitaron.
El gobierno municipal no ha sido claro en ningún momento, existe un filtro impenetrable a los que se oponen a este atroz crimen contra la historia y nuestros recursos naturales. Se ha mentido respecto a la viabilidad del proyecto, se ocultan datos sobre el peligro que existe al perforar o alterar la estructura de la montaña.
Todos sabemos que existe una falla geológica en esta zona, nos la han tratado de ocultar, pero la naturaleza se ha encargado de mostrar cuánto nos han mentido. Así lo hacen constar los derrumbes e inundaciones. Contra la naturaleza no hay crimen que no se pague. Desgraciadamente será toda Morelia la que pague los crímenes de una administración irresponsable, ignorante y ávida de más poder.
Como se ve, el problema no es el megatúnel, el problema es de sobrevivencia no sólo de Morelia sino de las raíces, y sin raíces no hay vida.

Jessica Martínez Chio/Cambio de Michoacán

Viernes 23 de Marzo de 2007

Ya es bastante lo que se ha hablado sobre el proyecto del megatúnel que la administración municipal pretende llevar a cabo en la parte sur de esta ciudad, y al parecer este tema será todavía controversial por varios meses más, ya que después de que la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA) emitiera 55 condicionantes al Ayuntamiento para poder llevar a cabo este proyecto, documento del que Cambio de Michoacán tiene una copia, éste ha rodado entre manos de diferentes especialistas que han considerado importante dar sus críticas, y es que a decir de algunos, el cumplimiento de estas condiciones no sería un sí definitivo a la obra.

Al respecto Manuel Tripp Rivera, miembro del Consejo Estatal de Ecología, secretario general de la Academia de Política Ambiental y coordinador jurídico del Observatorio Ambiental, destacó la importancia de los decretos que protegen la zona.

Y es que cabe recordar que el área sobre la cual se pretende construir el túnel está protegida por tres decretos, un programa de desarrollo urbano municipal, leyes federales y estatales, que «son de observancia obligatoria para la autoridad municipal», a lo que Tripp señaló que «estos instrumentos limitan la posibilidad de que se realicen edificaciones en diferentes ámbitos de gobierno».

En el ámbito federal (decreto emitido en 1936) destacan tres puntos: que conforme a lo que establece el artículo 53 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), las zonas protectoras forestales quedan comprendidas dentro de la categoría de manejo identificada como Área de Protección de Recursos Naturales, en las que sólo pueden realizarse actividades relacionadas con la preservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en ellas comprendidos, así como en la investigación, recreación, turismo y educación ecológica.

Esta misma ley establece expresamente que quienes pretendan realizar cambios de uso del suelo de áreas forestales, o realizar obras en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, deberán presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una manifestación de impacto ambiental.

«Y el señor López aún no ha hecho esto, ya que de acuerdo a la LGEEPA, no se puede realizar este tipo de construcciones ahí porque tiene un fin específico, que es proteger los recursos naturales y -aún y cuando se pretendiera- tendría que someterse la obra a una evaluación de impacto ambiental por parte de la autoridad federal», aseguró Tripa. Esto tras señalar que hay muchas gestiones que aún no se han realizado, «no basta con tener la MIA de SUMA ni con cumplir con las condicionantes que ésta le impuso, tiene que agotar gestión y trámites con instancias competentes que regulan actividades que SUMA no regula y estos trámites aún no se ha hecho».

Manuel Tripp subrayó que es importante analizar sobre «si se empiezan a realizar construcciones o derribo de árboles en una zona protegida, en una superficie forestal sin que se hayan agotado los trámites y las gestiones que se tienen que hacer para contar con las autorizaciones y permisos correspondientes la conducta sería irregular, es decir, ilegal, como lo sería si cualquier ciudadano pretendiera construir en una área natural protegida, por que si a nosotros, o incluso a los dueños de los terrenos les está prohibido, también tendría que estar prohibido al Ayuntamiento, o es que ¿el Ayuntamiento no se da como un sujeto al cual también se le debe de aplicar la ley?

Al cuestionar a Tripp sobre el comentario que el edil realizó de poder comparar el dictamen de riesgo-vulnerabilidad que la Dirección de Protección Civil realizó con otros hechos por empresas especialistas en el tema para poder debatirlo, el investigador señaló: «Una empresa puede hacer un estudio, emitir una opinión o dictaminar, pero hay instancias que son las que tienen la facultad o atribución de acuerdo a las leyes para poder expresarse, y en ese sentido su dictamen es el que trasciende jurídicamente. Si existe una opinión diferente al dictamen que ha hecho público protección civil, ésta estaría sujeta a una controversia que se tiene que resolver en la instancia correspondiente, pero mientras esto no pase la que trasciende jurídicamente es la dictaminación de la autoridad competente, que es Protección Civil, no de las grandes empresas».

Tripp concluyó reflexionando: «Cuando lo que está en riego es la vida de los ciudadanos, la seguridad y patrimonio de los mismos, la discusión no tiene que ser qué empresa hace un mejor dictamen, sino cómo hacer para no permitir que la ciudadanía corra riegos con obras que se realizan con recursos públicos, o en su caso que asuma completamente la responsabilidad del riesgo que genera quien realiza la obra, y en este caso la responsabilidad es tan grande, que no se debe de asumir ese riesgo».

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Jessica Martínez Chio/Cambio de Michoacán

Sábado 24 de Marzo de 2007

Después de que el alcalde de Morelia, Salvador López Orduña, señalara ante los medios de comunicación que el fallo de la licitación para la construcción del megatúnel que pretende llevar a cabo en el sur de la ciudad sería el 27 de este mes, el día de ayer se dio dicho fallo manifestando que la empresa ganadora fue Gutza Infraestructura, por lo cual «ahora se tendrá que realizar el contrato para posteriormente firmarlo en un máximo de 30 días», informó el edil.

El secretario de Obras Publicas, Arturo Núñez Lozano, informó que la propuesta presentada por Gutza Infraestructura fue la propuesta más solvente, técnica y económicamente más conveniente para realizar los trabajos del megatúnel, ya que a decir del funcionario, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas y administrativas requeridas por la Secretaría de Obras Publicas (SOP) y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones legales del contrato respectivo, así como la ejecución de los trabajos de la obra.

Dicha empresa realizará el trabajo por un costo de 175 millones 452 mil 85 pesos, con IVA incluido, y se tiene como fecha probable de inicio el día 25 de abril de este año, con terminación -también probable- del 31 de diciembre de este mismo año.

Por otro lado, después de que el día de ayer varios medios de comunicación informaron que se aprobó el punto de acuerdo solicitado al gobierno del estado por los vecinos opositores al túnel, con el objetivo de mandar llamar a comparecer a las secretarías involucradas en la obra y exhortar al Ayuntamiento para que proporcione información al Congreso sobre la construcción de la vialidad panorámica y túnel vial de la Loma de Santa María, y sea analizada la pertenencia de la misma, el edil señaló no saber mucho respecto a esta petición, ya que «no lo han hecho de una manera formal, sólo lo vi en los medios, pero personalmente no he recibido tal exhortación»; sin embargo, aclaró que «estoy en la mejor disposición de brindar toda la información que sea necesaria, no hay nada que ocultar y creo que es parte de mi compromiso ciudadano hacerlo».

Y respecto al cumplimiento de las 55 condicionantes emitidas por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, el presidente municipal aseguró que «ya sólo faltan unos cuatro o cinco puntos por cumplir, lo demás ya está listo», por lo cual consideró que las llevarán a cabo antes del plazo de los dos meses que habían sido solicitados como prorroga a dicha secretaría.

En este sentido, se cuestionó al alcalde sobre cómo cumpliría la condicionante numero tres del documento emitido por SUMA, que señala que se deberá obtener un dictamen de riesgo-vulnerabilidad por parte de la Dirección de Protección Civil del gobierno del estado, y es que cabe recordar que este dictamen ya fue emitido y manifestó que la obra es altamente riesgosa y cien por ciento vulnerable, a lo que el edil señaló «eso no fue un dictamen, para mí no cumple con las características de un dictamen, ni siquiera lo hicieron ellos, debido a todo esto ese documento no tiene validez», tras señalar que «ya se tendrá que analizar ese punto, para poder solucionarlo y despejar dudas».

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Eduardo Nava Hernández/Cambio de Michoacán

Sábado 24 de Marzo de 2007

Toda ciudad es, por definición, un espacio en el que coexisten los más diversos grupos y clases de la sociedad en una trama plural basada en delicados equilibrios entre todos ellos. Eso quiere decir que el ámbito urbano refleja necesariamente las diferencias sociales y las contradicciones entre dichos grupos, y que la construcción de un ambiente armónico entre ellas es una obra arquitectónica compleja. Lo que habitualmente llamamos comunidad, o incluso comuna, representa realmente un conglomerado de intereses, muchas veces encontrados, que requieren entre sí puntos de conciliación y consensos generales que hagan posible la convivencia. Toda gran urbe es, en suma, una síntesis de las diferencias de la sociedad a la que pertenece, y que no se reducen al aspecto económico sino se refieren también a lo político, cultural, ideológico, etcétera.

Un ejemplo reciente lo hemos tenido en Morelia con el conflicto de los transportistas que pretenden echar abajo los decretos para el pago de placas de los vehículos automotores y de la verificación obligatoria, así como incrementar la tarifa que cobran por sus servicios. Se puede discutir la justeza o no de tales cobros que el gobierno estatal ha dejado caer, inmisericordemente, sobre los propietarios de vehículos, sean o no del servicio público, y que se suman al tradicional pago de impuestos sobre tenencia y uso de los mismos; pero también resultan controvertidos los procedimientos utilizados para la protesta -la suspensión generalizada del servicio de transporte y, sobre todo, el bloqueo de calles y avenidas en las principales zonas de la ciudad-, que lejos de atraer la simpatía de la población han logrado que los habitantes de la ciudad vean en cada transportista a un enemigo de la sociedad y un auténtico peligro.

La tarea de un buen gobernante tiene que consistir, por tanto, en la canalización y armonización de tales diferencias que, de exacerbarse, pueden poner en riesgo la convivencia social y llevar al estado de naturaleza del que hablaba Thomas Hobbes: la guerra de todos contra todos. La acción del poder público al respecto no se limita a la garantía de la seguridad, como más comúnmente se piensa y lo plantea la doctrina liberal, sino que involucra también la búsqueda de consensos entre gobernantes y gobernados y entre los distintos órdenes sociales. Si alguna enseñanza dejaron los autores que, desde los siglos XVII y XVIII (Rousseau incluido) planteaban la idea de un pacto social como venero del poder legítimo, es la de que no se puede gobernar establemente sin la aceptación del poder y el acuerdo de los gobernados.

Pero esa virtud de concertación y conciliación de los heterogéneos intereses de la sociedad parece que no se le da muy bien al gobierno panista de Salvador López Orduña, para quien el oficio de gobernar consiste en atender a las necesidades de un solo sector, el empresarial, y con exclusión de casi cualquier otro que no coincida con éste. La estrecha visión del empresario lo ha llevado, por esa razón, a adoptar crecientemente un discurso autoritario que tiende a descalificar a la oposición y aun a la simple disidencia con respecto de su obtusa visión de la economía, de la política o la sociedad.

Son varios los conflictos que a lo largo de sus dos gestiones como presidente municipal ha tenido que enfrentar, por lo general como resultado de esa estrechez de miras. Recordemos, por mencionar sólo un caso, cómo veía en su primer gobierno municipal (1999-2002) el problema del comercio informal en el Centro Histórico de la ciudad, cuando ofreció -sin alcanzar resultados visibles- «barrer» con los llamados ambulantes, como si se tratara de objetos, incluso simples estorbos, y no de un grupo social con necesidades económicas particulares.

Más adelante, en su actual gestión, López Orduña ha puesto en práctica una política que claramente privilegia a las zonas de mayor desarrollo y capacidad económica (las Américas, Avenida Camelinas, etcétera), así como turísticas de Morelia, y a grupos de interés particulares, por sobre otros requerimientos, acaso prioritarios, de la población municipal. Un reportaje de Jessica Martínez (Cambio de Michoacán, 20 de marzo) ha permitido recordar los episodios más relevantes de esta gestión. El caso más sonado fue, entre 2005 y 2006, el del permiso para instalar una gasolinera en la Calzada Juárez, concedido a su amigo el empresario Manuel Nocetti en un lote rodeado de viviendas y frente a una escuela primaria y un jardín de niños. La obcecación del alcalde lo llevó a defender contra viento y marea el establecimiento de la estación de servicios, pese a la oposición organizada de los vecinos de la colonia Felícitas del Río, hasta que esta resistencia hizo más que evidente la inviabilidad del proyecto y el titular del Ayuntamiento y el empresario tuvieron que negociar una salida honrosa. Lo que esa costosa experiencia puso de manifiesto fue la preferencia por un proyecto de desarrollo municipal que colocara a la ganancia del capital por encima de las consideraciones de orden social y de la opinión de los habitantes de la ciudad.

Igualmente fue polémica la decisión de construir un puente en la Avenida Madero, al poniente de la ciudad, para que los vehículos automotores crucen por sobre la vía del tren, en vez de atender a la demanda de la sociedad de modificar la vía para que el convoy no pase por la zona urbana. Con deficiencias técnicas, el costoso puente no ha resuelto el problema de vialidad sino en uno de los varios cruceros que cotidianamente se ven afectados por las maniobras del tren.

El proyecto del señor López para la ciudad ha implicado, en el aspecto turístico, el modificar los espacios públicos, como la Plaza de Armas, la Plaza Morelos, el Jardín de las Rosas y la Plaza del Carmen, para despojarlos de su fisonomía colonial y adoptar un estilo de jardinería francesa ajeno a la historia de la ciudad. Y no ha cejado en el proyecto de construir un estacionamiento subterráneo de varios niveles en la Plaza Valladolid, que según Ramón Sánchez Reyna, investigador de la Universidad Michoacana, vendría a romper con la historia y el concepto arquitectónico del punto fundacional de la antigua Valladolid.

Ahora enfrenta la administración municipal otro problema mayúsculo con el costosísimo proyecto del llamado megatúnel, con el que la administración municipal y el gobierno estatal proyectan unir a la tenencia de Jesús del Monte con la parte sur de la ciudad, atravesando el área natural de la Loma de Santa María, protegida por decretos federales y estatales. La obra beneficiaría primordialmente al nuevo desarrollo residencial Rincón de la Montaña -que ya se publicita anunciando los «próximos accesos a Jesús del Monte»-, de la empresa inmobiliaria Jocmen, al centro comercial Paseo Morelia, en construcción, y al campus Morelia del Instituto Tecnológico de Monterrey, con una inversión pública que se aproxima a los 180 millones de pesos, lo que la convertiría en la obra pública más costosa del estado de Michoacán.

No importa al presidente municipal que el megatúnel se esté planificando en una zona de alto riesgo, atravesada por fallas geológicas, como lo ha mostrado el estudio elaborado por la ingeniero Patricia Alarcón Chaires para la Dirección de Protección Civil del gobierno del estado (Cambio de Michoacán, 15 de marzo), o que afecte una zona boscosa necesaria para la conservación de la fauna y la flora de Morelia. Como, de nueva cuenta, el proyecto ha de ser sacado contra viento y marea, y como de esa construcción podría depender la obtención de apoyos económicos para su campaña al gobierno del estado, el edil no escatima insultos y descalificaciones contra quienes se han pronunciado como opositores a la obra. Al reconocido ecologista Carlos Padilla Massieu lo despachó con una nada atenta invitación a largarse de Morelia, si ésta no le gusta. A los vecinos de la Loma de Santa María, que sostienen el plantón para frenar la construcción, los descalificó llamándolos «greñudos» y «pagados» para oponerse a su ansiado túnel. A los niños de la Escuela Primaria Rector Miguel Hidalgo los llamó «carne de cañón», por haber realizado manifestaciones de protección al bosque y externado su temor de que su plantel se vea afectado por las obras de construcción.

«Greñudos», dice el señor López, se les llama a quienes tienen el pelo largo. No creo que ese sea el distintivo de la pluralidad de ciudadanos que hoy por hoy se oponen a las obras del llamado megatúnel. Pero, de serlo, sus cabelleras bien podrían simbolizar una lucha por quitarle la máscara a un funcionario municipal autoritario e intolerante, que no ha hecho sino enarbolar el proyecto del gran capital para la capital michoacana, como una ciudad donde dominen los más ricos. Ese proyecto no pasará, y el aguerrido y rudísimo munícipe quedará finalmente desenmascarado por los técnicos ciudadanos que aún buscan defender a la ciudad como un espacio para todos. Se reciben apuestas.

Humberto Castillo/Cambio de Michoacán

Jueves 29 de Marzo de 2007

Aunque no precisaron qué medidas o de qué manera apoyarán las protestas contra la construcción del túnel a Santa María, destacaron la no edificación de la obra que tentativamente iría de la Avenida Sansón Flores hacia la parte alta de Santa María.

Lo anterior, tras el respaldo que han ofrecido para que no se realice de especialistas de las universidades Michoacana y Nacional Autónoma de México, campus Morelia.

«Es una obra que no procede ni en el aspecto social, económico, científico, legal ni ético».

FERNANDA NAVARRO

El Frente en Defensa de Nuestras Areas Naturales, no sólo de Santa María, sino de todo Morelia, se fortalece y abraza cada día a más organizaciones sociales, grupos y colectivos pequeños y grandes, incluso a niños de primaria, como los que el 8 de marzo colocaron listones blancos alrededor de los árboles de la zona protegida –pulmón de la ciudad– que ya han sido marcados para ser derribados para la construcción del megatúnel de Santa María. Esto convierte al frente en un movimiento ciudadano en contra de las imposiciones unilaterales que afectan la ecología y que provienen del municipio con el silencio cómplice del gobierno estatal.

Los argumentos de peso que advierten de los peligros de la construcción del megatúnel ya se han dado a conocer por varios medios, por lo cual sólo insistiré en algunos que considero más graves: 1) que viola dos decretos, el primero de 1936, emitido por el General Lázaro Cárdenas del Río, que designa a la loma de Santa María como área natural urbana protegida y, el segundo, un Decreto Estatal, firmado en l993 por el gobernador Ausencio Chávez, reiterando la importancia ecológica e hidrológica de Santa María, 2) que el área propuesta para el túnel atraviesa una falla geológica, lo cual hace insegura y peligrosa su construcción, 3) que el problema de vialidad que se pretende solucionar no tendrá un fin exitoso ya que sólo desplazará los embotellamientos de la mencionada loma hacia Camelinas, donde se produciría un embudo, y, 4) el capital que se destinará a tal obra: 200 millones para la primera etapa, 80 para la segunda y alrededor de 60 para la última, lo cual nos parece desmedido para una ciudad tercermundista que está lejos de satisfacer los servicios básicos de todos sus ciudadanos, sobre todo los habitantes de colonias populares. A estos argumentos quiero añadir uno nuevo que proviene sorpresivamente de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA) cuyo titular, César Flores García, indicó, textualmente, el 7 de marzo que “el estudio ambiental del túnel que se pretende construir para comunicar a la loma de Santa María con la avenida Camelinas presenta 55 condicionantes de riesgo que, de no ser superadas por el Ayuntamiento, no se le permitirá llevar a cabo esa obra”.

Ante esto último, nos preguntamos si el presidente municipal, Salvador López Orduña, considerará también que el titular de SUMA se cuenta entre los “greñudos y pagados” como él ha llamado a todos los que nos hemos manifestado en contra de su proyecto. Pareciera que desconoce la gran diversidad de grupos y personas que conforman nuestro frente, pues además de las organizaciones como El Barzón, la Sección 18 del magisterio que nos apoyan, están también renombrados biólogos, ambientalistas, geógrafos y destacadas personalidades preocupados por dicho proyecto y decididos a actuar pacífica y racionalmente, hasta lograr que sea el sentido común y el respeto a la vida lo que predomine y no intereses económicos personales de “los de arriba”. En otras palabras, que sea la ciudadanía consciente que, –a tono con los movimientos sociales que han despertado y se han organizado a nivel mundial– hoy se reúne en Morelia con un mismo y único fin: defender la ciudad en que vivimos y que amamos, de toda amenaza en su contra, tanto a nivel ecológico como social.

Pero por lo visto, el señor López Orduña no parece entender ningún otro lenguaje que el del dinero, por ello nos acusa de “ser pagados”. Quizá porque para él no hay otra motivación para actuar, y porque no puede dar a conocer públicamente las ganancias que él y su grupo obtendrían de las empresas que invertirían en semejante proyecto, así como en el enorme Centro Comercial Monarca que también se construirá en la cima de la loma, como parte del mismo proyecto. Por ello es que ha expresado ya que “se hará a toda costa” , negándose a dialogar y a consultar a la ciudadanía, haciendo gala de un pronunciado autoritarismo y soberbia.

Esta actitud se entiende mejor –es una interpretación personal– con una noticia escalofriante del 10 de marzo, que apareció en la primera plana de La Jornada nacional y que anuncia un proyecto de ley enviado al Congreso por Calderón, según el cual seremos los disidentes u opositores al régimen, no sólo “pagados”, sino sospechosos de ser delincuentes. Dicho proyecto de ley sostiene que “basta la autorización del Ministerio Público para intervenir los teléfonos”, …y “autoriza a la PGR a realizar detenciones, allanamientos y cateos, juicios sumarios y formal prisión automática, sin orden judicial.

Quizá, en su reciente visita a Morelia, Calderón le confió a su correligionario y amigo López Orduña dicho plan, por lo que este último no se preocupó más ni por aparecer como un “alcalde acosado” por colonos (distintos a los del megatúnel) ni por guardar las apariencias de un gobernante democrático que escucha a la ciudadanía, pues no necesita más que el espaldarazo del Presidente para afirmarse. Afortunadamente, al día siguiente, no se dejaron esperar respuestas contundentes de juristas, constitucionalistas y legisladores, alertando contra dicho proyecto presidencial, argumentando que viola las garantías individuales y los derechos humanos y que daría al traste con el “estado de derecho” que tanto se defiende.

En cuanto a los miembros del Frente en Defensa de la Loma de Santa María, así como de todas nuestras áreas naturales, mantendremos la firme determinación de seguir manifestándonos en contra del megatúnel que supuestamente iniciaría sus trabajos, con maquinaria de punta, de primer mundo, con escasa necesidad de mano de obra local, el 15 de marzo. No caeremos en el desánimo ni en la pasividad. Siguiendo a Gramsci, actuaremos con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia, apostando siempre al verde de los bosques y al verde de la esperanza.